El que Hernán Somerville haya decidido finalmente no asumir la embajada de Chile en Beijing, la renuncia de Miguel Otero a la misión en Buenos Aires y el eventual papel del flamante embajador de Chile en Panamá, Alberto Labbé, en la Operación Cóndor de los años setenta, han puesto sobre el tapete el tema de los nombramientos de jefes de misión en la Cancillería y el grado el cual el procedimiento para el mismo en el actual gobierno está todo lo afinado que debería. El guardar las formas es importante en todo, pero especialmente en diplomacia, y estas cosas no ayudan.
Dicho esto, se trata de un gobierno "en rodaje", y después de veinte años en la oposición, algunos percances son de esperar por parte de la centro-derecha. La pregunta de fondo en política exterior es otra. ¿Cómo debe plantearse Chile ante el mundo y, particularmente ante América Latina en esta nueva etapa, en la presidencia de Sebastián Piñera?
Lejos de ser una pregunta abstracta, más bien académica, ella se expresa de manera muy concreta en la situación de Honduras. Como es sabido, la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, incluyendo a Argentina, Brasil, Chile y México no han reconocido al gobierno del presidente Porfirio Lobo, electo en noviembre de 2009, y que asumió en enero pasado. Ello se debe a la crisis que atravesó ese país de junio del 2009 hasta fines de ese año. Ella se inició con el golpe de Estado que derrocó al Presidente Manuel ("Mel") Zelaya y que derivó en la suspensión de Honduras de la OEA y la aplicación de sanciones internacionales. Entidades como UNASUR, cuya primera presidencia pro tempore fue ejercida por Chile, rechazaron el golpe en Honduras y exigieron el restablecimiento de la institucionalidad democrática, algo que pasaba por la reinstalación de Manuel Zelaya. Ello habría restaurado la situación ex ante. Dado que a Zelaya apenas le quedaban unos meses de período presidencial, esto habría sido pro forma, pero habría satisfecho la demanda regional de evitar el precedente de avalar los efectos de un golpe de Estado. En los últimos veinte años, precisamente el período en la que la centro-derecha chilena ha estado fuera del poder, uno de los grandes logros de América Latina ha sido erradicar casi del todo los golpes militares de la región y asumir la democracia como forma de gobierno.
De la mano con ello, se ha dado también un enorme crecimiento de la cooperación política latinoamericana, en entidades como el Grupo de Río, las Cumbres Iberoamericanas y ahora UNASUR. Como nunca antes, los presidentes latinoamericanos hoy se reúnen regularmente, coordinan agendas, afinan planteamientos comunes y buscan fórmulas para enfrentar con algún grado de sincronía los desafíos de un mundo cada vez mas globalizado. Chile, sede de la CEPAL y patria del presidente fundador del BID, siempre ha tenido un fuerte compromiso con la unidad de la región y esto no debería cambiar en esta nueva etapa.
El Presidente Piñera, que alguna vez trabajó en CEPAL, está consciente de ello. Para sorpresa de algunos de sus colegas en UNASUR, lo ha demostrado desde un comienzo, y se ha opuesto a romper el acuerdo mayoritario de UNASUR en torno a Honduras. Todos están de acuerdo que es necesario buscar una salida que permita readmitir a Honduras a la OEA y eventualmente reconocer al gobierno del Presidente Lobo. El problema es que para bailar tango se requieren dos. Como el gobierno de facto de Roberto Micheletti que asumió después del golpe del año pasado logró imponerse "a la cañona", sin aceptar ninguna de las condiciones de la comunidad internacional para aceptar la legitimidad de las elecciones presidenciales de noviembre, su sucesor cree que puede hacer lo mismo. El ex-presidente Zelaya sigue en República Dominicana, sin poder volver a su país, dada las órdenes de captura en su contra. Nueve periodistas hondureños han sido asesinados en circunstancias poco claras de enero a esta parte. Mientras el ex-presidente de facto Micheletti se proclamó "diputado vitalicio" (algo no contemplado en la Constitución de Honduras), el ex- presidente constitucional no puede volver a su país, dada la espada de Damocles de un arresto. Esta miopía y mezquindad del nuevo gobierno, incapaz de hacer "borrón y cuenta nueva", y embarcado en una caza de brujas en contra de Zelaya y sus seguidores, está en la raíz del actual impasse. Sus esfuerzos por ser readmitidos a la OEA tampoco han estado marcados por la humildad y prudencia que estas labores requieren. La carta del gobierno de Lobo solicitando la readmisión contenía un subtexto amenazante que no se condice con la precariedad y aislamiento en que se encuentra Tegucigalpa hoy.
España cometió el error de invitar al Presidente Lobo a la Cumbre Europeo-Latinoamericana realizada en Madrid hace algunas semanas. De inmediato, varias capitales latinoamericanas le hicieron saber al gobierno español que si asistía Honduras, sus presidentes no lo harían, con lo cual Lobo tuvo que ser prestamente desinvitado. El horno no está para bollos, pero el gobierno de Honduras no se da por enterado y no cambia su conducta.
La reciente visita a Chile del Canciller de Honduras, Mario Canahuati, pretendía lograr que Chile rompa el acuerdo de UNASUR y reconozca unilateralmente al gobierno del Presidente Lobo. Varios parlamentarios, incluyendo de oposición, cayeron en ese juego. Chile no tiene nada que ganar rompiendo acuerdos regionales para congraciarse con un gobierno que lamentablemente le hace honor al nombre de república bananera que Honduras alguna vez motivó.
El gobierno hondureño sabe las condiciones que tiene que cumplir (incluyendo permitir el retorno de Zelaya a participar en política y el levantamiento de las órdenes de captura en su contra) para que pueda volver a reincorporarse a la gran familia latinoamericana. Chile hace muy bien en no reconocerlo mientras esas condiciones no se cumplan. Si hay algo que Chile no necesita, es un "camino propio" en materia de cooperación política regional.
Escuche la entrevista a Jorge Heine, investigador distinguido en el Centro para la Innovación en la Governanza Internacional.