La reciente condena en La Haya del ex presidente de Liberia, Charles Taylor, por parte del Tribunal Especial sobre Crímenes en Sierra Leona, aunque noticia de primera plana en la prensa mundial, se notó poco en Chile. Sin embargo, ella tiene un significado especial para nuestro país. Es la primera vez que un ex jefe de Estado es condenado por un tribunal internacional por crímenes de guerra y de lesa humanidad. La pena misma, a ser cumplida en una cárcel británica, se hará pública el 30 de mayo. El origen de este hecho jurídico no está desvinculado de Chile.
En 1998, la detención de Augusto Pinochet en Londres sentó el precedente. Pinochet fue el primer ex jefe de Estado en ser arrestado en el extranjero por violaciones a los derechos humanos en su propio país. En 1999, el presidente Slobodan Milosevic de Yugoslavia pasó a ser el primer jefe de Estado en ejercicio en ser acusado de tales crímenes. Al dejar el cargo, Milosevic sería entregado a la justicia internacional, y moriría en prisión en La Haya. Con ello se impulsaría lo que Kathryn Sikkink ha llamado “la cascada de la justicia”, esto es, el enjuiciamiento a jefes de Estado por este tipo de crímenes. En 2003, el segundo jefe de Estado en ejercicio en ser acusado de crimenes de guerra, Charles Taylor, renunció a la presidencia de Liberia bajo promesa de que se le respetaría su asilo político en Nigeria. En el 2006, el mundo cambió de parecer, y Nigeria lo entregó en bandeja.
Hay varios otros jefes de Estado en la mira del Tribunal Penal Internacional (TPI). El presidente de Sudán, Omar Hassan al-Bashir, y el ex presidente de Costa de Marfil, Laurent Gbago, están entre ellos. Y estos juicios no están confinados al África. La mayoría de ellos tiene lugar en Europa, por crímenes cometidos en el continente europeo. Las autoridades estadounidenses no están a salvo tampoco. Hace unos meses, el ex presidente George W. Bush se vio obligado a cancelar un viaje a Suiza, porque se le advirtió que, de pisar territorio suizo, corría el riesgo de ser detenido por las prácticas de tortura ocurridas bajo su administración. Muchos de sus colaboradores no viajan al extranjero por eso mismo, tal como ocurre con muchos de los colaboradores de Pinochet, cuyos abogados les han recomendado no salir de Chile por ningún motivo.
Bienvenidos al nuevo mundo de la jurisdicccion universal.
Los numerosos amputados, víctimas de los seguidores de Taylor, tanto en Sierra Leona como en Liberia, presentes en el Tribunal en La Haya, celebraron con razón. Se calcula que más de 100 mil personas perdieron la vida en en el conflicto en Sierra Leona, impulsado por Charles Taylor para apropiarse de los “diamantes de sangre” de ese país. Sus seguidores patentaron la práctica de amputar brazos a destajo, dándole la opción a las victimas entre hacer el corte en la muñeca (“manga larga”) o más arriba del codo (“manga corta”). Pocos han lamentado su condena.
Y el papel del caso Pinochet en esto no es menor. Aún recuerdo encontrarme en Harare, la capital de Zimbabwe, en diciembre de 1998, a pocas semanas de la detención de Pinochet en Londres, y escuchar un programa de radio de la BBC. Su título era: “La detención de Augusto Pinochet en Londres: consecuencias para África”. Durante una hora, diferentes especialistas, desde Accra hasta Addis Abeba, pasando por Londres y Dakar, opinaron acerca de lo que les esperaba a los dictadores africanos, después de lo ocurrido en la ya legendaria clínica en pleno centro de Londres.
De partida, las visitas a comprar a Harrods por parte de los tiranos africanos llegaban a su fin. Más allá del Reino Unido, el resto de Europa también era terra incógnita, dada la legislación sobre jurisdicción universal vigente en varios países y la estrecha colaboración de las policías y los sistemas judiciales europeos.
En su momento, los planteamientos de los juristas y analistas africanos me parecieron exagerados. Las ruedas de la justicia avanzan en forma lenta. Sin embargo, al poco tiempo, el establecimiento del Tribunal Penal Internacional (TPI) en La Haya, hoy ya ratificado por más de un centenar de países, institucionalizó la justicia criminal internacional.
Como subraya Sikkink, lo que ha ocurrido en la última década y media es “un cambio en la legitimidad de la norma de responsabilidad criminal individual por violaciones de derechos humanos y un aumento en los enjuiciamientos penales basados en esa norma”. Ello constituye una modificación radical en las expectativas de lo que deben enfrentar las autoridades de gobierno responsables de estas violaciones.
El enfoque seguido por Chile, condicionado por la presencia de Pinochet en la Comandancia en Jefe del Ejército desde 1990 a 1998, estuvo marcado por una necesaria prudencia. “Toda la verdad y justicia en la medida de lo posible”, en las palabras del Presidente Aylwin. La preferencia por una solución intermedia entre la amnistia y los enjuiciamientos por estas violaciones, esto es, una Comision de Verdad y Reconciliación para enfrentar los crímenes del pasado, fue producto de ello. Un camino similar se siguió en Sudáfrica y en otros países, en parte inspirados por la experiencia chilena.
Sin embargo, dos décadas después, la evidencia acumulada indica que los enjuiciamientos a altas autoridades por violaciones de derechos humanos, lejos de desestabilizar y poner en peligro las transiciones democráticas, como muchos temían, tienen el efecto contrario. Al poner fin a la impunidad e indicar que nadie está por encima de la ley, estos enjuiciamientos fortalecen la democracia.
La condena de Charles Taylor es solo la primera de varias por venir.